En el DOCV núm. 7399 de 10 de Noviembre de 2014 se ha publicado el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat.

A través del mismo se desarrollan las previsiones recogidas en los artículos 16.3.a y 17 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 117 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en adelante LOGFPV.

El texto, tras establecer en sus primeros artículos el derecho a la carrera profesional horizontal y determinar su ámbito de aplicación, tanto subjetivo como objetivo, se divide en cuatro títulos:

• El primero regula la carrera profesional horizontal, su definición, estructura, acceso y forma de progresión en el sistema, así como las áreas y normas de valoración y el complemento de carrera administrativa.
• El segundo prevé los sistemas de evaluación del desempeño y, a su vez, se subdivide en capítulos, en los que se analizan los elementos de tres de las áreas de valoración previstas en el título I.
• El título III regula el establecimiento de tres comisiones para el seguimiento, coordinación y gestión del sistema de carrera profesional horizontal.
• Por último, el título IV introduce la previsión del procedimiento telemático para la presentación de solicitudes y resolución de las mismas, todo ello con la finalidad de dotar al sistema de la mayor celeridad posible.
• Finalmente, el decreto regula, mediante las disposiciones adicionales y transitorias, determinadas situaciones que requieren la adopción de medidas específicas de carácter transitorio o que no encuentran una adecuada respuesta en la regulación general, como puede ser el caso de la implantación progresiva del sistema o el acceso al mismo del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat.

a) Objeto y ámbito de aplicación

El presente decreto tiene por objeto:

• la regulación del sistema de carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat,
• así como el sistema de evaluación del desempeño a los exclusivos efectos de su valoración para la progresión en el mencionado sistema.

Se regularán, en los respectivos Decretos del Consell que regulen la selección de personal y provisión de puestos de trabajo, el sistema retributivo y la formación, las repercusiones y resultados que , sobre dichas materias , tenga la evaluación del desempeño del trabajo

La presente norma será de aplicación al personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat, según se define está en el artículo 4 de la LOGFPV, en todo aquello referido a la carrera profesional horizontal.

No será de aplicación al personal funcionario de carrera al servicio de:

• a) Les Corts.
• b) Las instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 del Estatut d?Autonomia.
• c) La Administración de Justicia.
• d) Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
• e) Las administraciones locales situadas en el territorio de la Comunitat Valenciana.

b) Definición de la carrera profesional horizontal y acceso al sistema

La carrera profesional horizontal supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado:

• sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo
• como consecuencia de la valoración de su trayectoria y actuación profesional y de los conocimientos adquiridos y transferidos.

Dicho reconocimiento se hará efectivo a través de la progresión, en cada uno de los cuerpos y agrupaciones profesionales funcionariales, en la estructura de grados de desarrollo profesional establecido.

Dicha progresión será irreversible salvo por aplicación de la sanción de demérito prevista en la regulación del régimen disciplinario.

Se establece un sistema de carrera profesional horizontal con cuatro grados, más el grado de acceso que no conlleva retribución.

Los grados de desarrollo profesional (en adelante, GDP) que componen la carrera profesional horizontal son:

• a) GDP de acceso.
• b) GDP I.
• c) GDP II.
• d) GDP III.
• e) GDP IV.

El derecho de acceso al sistema de carrera horizontal nace en el momento de la adquisición de la condición de funcionaria o funcionario de carrera en un determinado cuerpo o agrupación profesional funcionarial de la Administración de la Generalitat.

Dicho personal quedará adherido al sistema, de forma automática, desde la toma de posesión, siempre que no manifieste formalmente su renuncia mediante el modelo normalizado que será aprobado por la Conselleria competente en materia de función pública.

La carrera profesional horizontal se iniciará en el GDP de acceso.

No obstante, el personal que a la entrada en vigor del presente decreto tenga la condición de personal funcionario de carrera accederá al sistema en el GDP correspondiente, conforme a lo dispuesto en las disposiciones adicionales y transitorias que procedan.

Dentro de los cambios normativos introducidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de Abril) se encuentra la nueva redacción del art. 84.3 de la indicada disposición legal.

En la misma:

• Se mantiene que los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas
• Se clarifica el régimen jurídico aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones; en concreto, a los supuestos de remoción o supresión de puestos obtenidos tanto por concurso como por libre designación.

En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.
De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.

Además, en la Disposición transitoria novena , se determina el régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley indicando que :

• Lo previsto en la nueva redacción del artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a la misma que hayan sido cesados en un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre designación, será de aplicación a los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
• En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera objeto de supresión, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

a) ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

En el BOE núm. 226, del pasado 17 de septiembre, se ha publicado la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (LRSP), aprobada definitivamente por el Congreso el pasado día 11 de este mismo mes.

De acuerdo con su Exposición de Motivos, una de sus finalidades es la simplificación de los procedimientos administrativos reduciendo trabas, mejorando la posición del ciudadano e impulsando la Administración electrónica.

Se recogen las medidas sobre ello en su Capítulo III incluyéndose ,dentro de las mismas, la nueva regulación aplicable a las notificaciones a través de anuncios.

Esta nueva regulación supone una modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En concreto:

• Se modifica el apartado 5 del artículo 59.
• Se introduce una disposición adicional vigésima primera
• Se introduce una Disposición transitoria tercera

b) NOVEDADES INTRODUCIDAS

• Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado

• La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los anuncios se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.»

* El nuevo régimen de las notificaciones a través de anuncios resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.

a) INTRODUCCIÓN

La Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto básico del empleado público, establece las bases del régimen jurídico del personal funcionario y estatutario del conjunto de las Administraciones Públicas y determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

En su Exposición de motivos se destaca:

• su finalidad es dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 103.3 de la Constitución española por medio de la regulación y sistematización en un único cuerpo legal de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, así como de la normativa aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
• contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio

Desde un punto de vista competencial, las previsiones del Estatuto relativas a las bases del régimen estatutario de los funcionarios se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la CE, que confiere al Estado la competencia exclusiva sobre las «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios», mientras que las que se refieren al régimen del personal laboral se dictan al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 13.ª de la CE, que atribuyen al Estado, respectivamente, competencia exclusiva en materia de «legislación laboral» y para la regulación de las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Como complemento necesario del Estatuto, y dado su carácter de norma «básica» del régimen estatutario de los funcionarios públicos, se prevé su desarrollo por las correspondientes «Leyes reguladoras de la Función Pública», que habrán de aprobar para su respectivo ámbito de competencias las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana dicho desarrollo se encuentra recogido en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

b) OBJETO

De acuerdo con su artículo 1, el objeto de la presente ley es:

• la regulación de la función pública valenciana
• y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación.

Todo ello con el alcance que, en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d’Autonomia, en el marco de la legislación básica estatal.

Se añade en el artículo 2.2, dentro de los principios informadores, que a los efectos de esta ley, la función pública valenciana está constituida por el conjunto de personas que prestan servicios retribuidos en la administración mediante una relación regulada por la normativa administrativa o laboral e informada por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso y en la promoción profesional.

c) ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se determina en el artículo 3 destacando de su contenido los siguientes aspectos:

• La presente ley se aplica al personal funcionario que presta sus servicios en las siguientes administraciones públicas:

• La administración de la Generalitat, en los términos del artículo siguiente.

• Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, que desempeña funciones de administración o servicios en las mismas.

• Las administraciones locales situadas en el territorio de la Comunitat Valenciana a que se refiere el artículo 5, con las especificidades previstas en la disposición adicional séptima de esta ley.

• El personal laboral de las administraciones citadas en el apartado anterior se regirá, además de por la legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público y por los de la presente ley que así lo dispongan expresamente.

• El personal investigador al servicio de la Generalitat se regirá por la presente ley, sin perjuicio de las normas singulares que se dicten para adecuarla a sus peculiaridades.

• El personal docente y estatutario al servicio de la Generalitat se regirá, en aquellas materias no reguladas por su normativa específica, por lo dispuesto en esta ley, a excepción de los artículos relativos a las retribuciones complementarias, la movilidad interadministrativa y la promoción profesional. No obstante lo anterior, las previsiones de la evaluación del desempeño del artículo 121, serán de aplicación a este personal.

• Las disposiciones de esta ley sólo serán aplicables cuando así lo determine su legislación específica, y en los términos previstos en ésta; al siguiente personal:

• El personal al servicio de Les Corts.

• El personal al servicio de las Instituciones de la Generalitat.

• El personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

En todo caso, las disposiciones de esta ley serán de aplicación supletoria a las Instituciones a las que se refiere este apartado b.

d) ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT Y ADMINISTRACIONES LOCALES

En el artículo 4 se especifica que, a efectos de la aplicación de la presente ley, por administración de la Generalitat debe entenderse:

• el conjunto de órganos y unidades administrativas en los que se estructuran los servicios centrales y periféricos de la Presidencia de la Generalitat y de cada una de las consellerías.
• las entidades autónomas y empresas de la Generalitat a que se refiere el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.

En cuanto a las administraciones locales, en el art. 5 se establece a su vez que, a efectos de esta ley, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal debe entenderse por administraciones locales, aquéllas de las que para el cumplimiento de sus fines se sirven los entes siguientes:

• Los municipios.
• Las provincias.
• Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal instituidas o reconocidas por la Generalitat.
• Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios que puedan ser creadas por la Generalitat.
• Las áreas metropolitanas.
• Las mancomunidades de municipios.

Los organismos públicos locales, como son los organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales, vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades locales citadas anteriormente, así como a los consorcios de los que formen parte exclusivamente dichas entidades.

De acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución es competencia exclusiva del Estado determinar las bases del régimen jurídico de la función pública. Esto supone , como así lo ha destacado la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la determinación de cuáles son las normas mínimas comunes aplicables al personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondiendo su desarrollo a las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.

En la actualidad, la regulación básica estatal sobre la función pública está contenida, fundamentalmente, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recogiendo su Título I las disposiciones normativas sobre su objeto y ámbito de aplicación. El análisis del citado Título permite clarificar el complejo entramado de normas aplicables en materia de función pública y su aplicación en los diferentes ámbitos del sector público.

La Ley 7/2007 tiene por objeto:

– establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
– determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

Su ámbito de aplicación aparece determinado en su artículo 2 con las siguientes especificaciones:

-Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

• La Administración General del Estado.
• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
• Las Administraciones de las Entidades Locales.
• Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
• Las Universidades Públicas.

– En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
– El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.
– Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
– El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Sobre los funcionarios de las Entidades Locales el artículo 3 añade:

– El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.
– Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Especialmente destacable es el contenido del artículo 4 en el que aparece la relación de personal con legislación específica. En concreto, el citado artículo establece que las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.
En cuanto al personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos , el artículo 5 destaca que :

– El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
– Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Por último, se cierra la regulación de este Título indicando los artículos 6 y 7 que:

-En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
– El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

A raíz de la entrada de nuestro país en la Unión Europea, mediante Tratado de Adhesión de 1985 y su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1986, el ámbito de la educación en sus distintos sectores, y, por supuesto el universitario, ha cambiado profundamente.

La demostración palpable de esa nueva adaptación al entorno europeo, se demuestra con sendas normas que conforman el régimen jurídico aplicable en las enseñanzas universitarias, y la opción, más que favorable, de poder compaginar la preparación exhaustiva a nivel profesional y la cualificación para el desarrollo del trabajo, en cualquiera de los actuales 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Las normas citadas son, ante todo, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (grado, master y doctorado); el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y, claro está, el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (documento indispensable que hace demostrable la compatibilidad de los estudios realizados en nuestro país y la posibilidad de que sirvan para ejercer una profesión en la Europa Unida).

Al hilo de lo anterior, y según la convocatoria de Oposiciones para Administrativos de la Universidad de Valencia, conforme a la última oferta de empleo público, todo el régimen jurídico señalado anteriormente es objeto de estudio, amplio y objetivo, en el tema 22 de la misma.