
'La Generalitat necesita contratar a 4.500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años para evitar el colapso'. El enunciado pertenece al comunicado de prensa emitido por la conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo, tras la reunión de la Mesa general de negociación de la función pública. Y es la principal conclusión del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat que la consellera presentó ayer al Consell, y a continuación, a las organizaciones sindicales.
¿Y a qué colapso se refiere? «La Administración se encuentra lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1.141 sobre un total de 17.073 puestos de trabajo (en la administración general) y amenazada por el envejecimiento de la plantilla, fenómeno que provocará 5.000 jubilaciones en los próximos cinco años, 12.000 en las próximas dos décadas», explicó la consellera. La falta de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) durante los últimos años ha agravado este escenario.
Justicia explica que para disminuir la tasa de temporalidad y rejuvenecer las plantillas es necesario convocar procesos selectivos en la casi totalidad de sectores de la administración autonómica, así como la inclusión de procesos selectivos libres (no restringidos) en los que puedan valorarse, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia en los puestos objeto de la convocatoria.
El informe presentado ayer sostiene que sólo 6.481 funcionarios ocupan la plaza de la que son titulares (42%) mientras que 8.612 tienen un ocupante provisional. El 36% del personal, se asegura, está en situación de precariedad laboral y únicamente 58 personas tienen una edad inferior a los 30 años.
El coste
Lo que no aborda el comunicado del Consell es el coste estimado que para tendría el incremento de su plantilla en 4.500 efectivos. La paralización de las OPE durante los gobiernos del PP valenciano se justificó precisamente en la necesidad de no incrementar el coste del capítulo de personal de la administración pública. Aunque la valenciana es una de las regiones con menor número de funcionarios públicos por habitante, el Ejecutivo valenciano sacaba pecho de ser uno de los Gobiernos que prestaba una atención de mayor calidad. Para un Consell que llegó a admitir haber pasado por verdaderas complicaciones presupuestarias para poder atender el pago de las nóminas de sus funcionarios, ampliar el número de empleados públicos parecía un desatino.
El Consell del PSPV y Compromís puso punto y final a esa dinámica. Con todo, el plan que maneja el Gobierno valenciano -y que razonablemente vendría acompañado de un incremento del gasto público- contrasta con los llamamientos que se vienen haciendo desde el Ejecutivo que preside Ximo Puig al ministerio de Hacienda, con el argumento de que la infrafinanciación que arrastra la Comunitat impide, por ejemplo, comprometer el cumplimiento de los objetivos de déficit aprobados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Las fuentes parlamentarias consultadas por este diario remarcaron ayer que el anuncio del Gobierno valenciano de que necesita 4.500 nuevos empleados públicos quizá no se hizo en el momento más adecuado, «justo un día después de volver a exigir un techo de déficit individualizado con el argumento de la infrafinanciación en materia de Educación y Sanidad». Como ya ha ocurrido con la nueva RTVV, sobre la que el ministerio de Hacienda ya ha puesto sus ojos -por considerar que un Ejecutivo que atraviesa una situación económica tan apurada como la valenciana no debería embarcarse en proyectos de este tipo-, el departamento que dirige Cristóbal Montoro podría entender que el proyecto de sacar a concurso 4.500 plazas de funcionario no va en la línea de contención del gasto y del cumplimiento de los objetivos de déficit de Bruselas.
Intersindical, en contra
La presentación del plan se produjo en el ámbito de una reunión de la Mesa General que venía marcada por las críticas de algunas organizaciones sindicales. Intersindical, la más afín a Compromís, llegó a considerar «nefasta» y «una operación de maquillaje», la convocatoria de esta reunión después de que el Acuerdo de Legislatura suscrito el pasado mes de junio no hubiera cumplido los plazos previstos inicialmente.
Ayer, este sindicato explicó las razones por las que no había votado la propuesta de acuerdo sobre los criterios comunes de las convocatorias de OPE para los próximos tres años y aseguró que con la propuesta sólo se ponía un parche «para justificar el incumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo de Legislatura».
Entre las novedades que incluyen estas ofertas, la Generalitat destaca que se realizarán mediante dos modalidades de acceso: los procesos de consolidación y los de concurso-oposición ordinarios. En los primeros se convocarán plazas para cubrir aquellos puestos de carácter estructural de los distintos cuerpos que estén dotados presupuestariamente y se encuentren ocupados de forma interina o temporal con anterioridad al 1 de enero de 2005. Estos procesos contarán con pruebas de contenido teórico y práctico donde la valoración de la fase de oposición será del 60% y la de concurso el 40%.
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