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En dos años vamos a sacar más de 2.000 plazas de oposición libre

Fecha: 04-03-2024

Javier Lorente es el responsable de los trabajadores públicos de la Generalitat con el nuevo Consell de Carlos Mazón. Funcionario de habilitación de carácter nacional, ha ejercido como subdirector en diversas conselleries desde 2020. Ahora asume el cargo con el reto forzoso de reducir la temporalidad y el objetivo de comandar el relevo generacional y profundizar en los nuevos procesos de formación y selección iniciados por el Botànic. Atiende a Levante-EMV en su despacho de la torre 4 del complejo administrativo 9 d'Octubre, donde comparte sede con la Conselleria de Justicia de Vox, de la que antes dependía su área, ahora adscrita a Hacienda.

El Consell está poniendo mucho el foco en la herencia recibida del Botànic, en muchos casos criticándola. ¿Qué panorama han encontrado en la función pública?

La herencia esencial que hemos recibido es una falta de digitalización total. No tenemos un plan de recursos humanos y no tenemos un plan de digitalización. Eso condiciona mucho todas las actuaciones que queremos hacer.

¿A qué se refiere concretamente con la digitalización?

Las aplicaciones informáticas, las herramientas y los conocimientos y capacidades de los funcionarios para poder avanzar en mejoras tecnológicas y de procesos en todos nuestros ámbitos.

Acaban de anunciar una oferta de empleo público de casi 1.200 plazas para 2024. ¿Qué tasa de temporalidad esperan alcanzar a final de año? ¿Se podrá dar cumplimiento a la ley y finalizar la estabilización a 31 de diciembre de 2024?

Sí, justo. La OPE se enmarca dentro de un plan extraordinario de reducción de la temporalidad. Tenemos que cumplir antes del 31 de diciembre de 2024 con un 8 % de temporalidad. Nosotros, por esa herencia, podemos conseguir este año entre un 13 y un 15 % de temporalidad. Es decir, reduciríamos de un 45-50 % a un 13 % este año. Y en el 2025, nos quedaríamos por debajo del 8 %. La virtud que tiene es que está dentro de un plan estratégico de recursos humanos que estamos formulando ahora mismo.

¿En qué consiste ese plan?

Hay una clave esencial para mí, que es que todas las políticas de Función Pública se están encaminando a planificar. A adelantarnos a los problemas futuros que vengan. Para ello vamos a hacer este plan estratégico de recursos humanos en el que estará implicada toda la dirección general, los 200 empleados. Todos se van a implicar el plan. No será un plan directivo sino uno que afecta a toda la dirección general. En ese plan establecemos nuestros ejes esenciales: la selección, con pruebas menos memorísticas y con capacidades y competencias distintas a las actuales, porque van a cambiar los perfiles que necesita la sociedad. La sociedad ya no demanda trabajos burocráticos sino digitalización y eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, tenemos que provocar un relevo generacional para introducir esos nuevos perfiles, con competencias TIC, liderazgo y capacidad de toma de decisiones, porque todo eso lo medimos en el proceso selectivo. Nuestro segundo eje es formar mejor. Es decir, un plan de aprendizaje con itinerarios formativos dirigidos a dirección pública y personal administrativo. Nos vamos a dirigir a formar en liderazgo y capacidades de gestión TIC administrativa. Así pues, tenemos un plan para pensar a largo plazo: seleccionamos mejor, formamos mejor y evaluamos e impulsamos el servicio público a través del tercer eje, que consiste en dinamizar los servicios públicos. Queremos impulsar la motivación y el valor público y que el desempeño de los puestos de trabajo se dirija a la ciudadanía. Me obsesiona que nuestro trabajo se dirija al servicio público. No somos tramitadores de expedientes.

Volviendo a la temporalidad. ¿Se va a cumplir entonces con ese 8 %?

En dos años. Es ese plazo vamos a sacar más de 2.000 plazas por oferta de oposición libre. Ahora tenemos entre un 45 y un 50 %, y en dos años esperamos reducirlo por debajo del 8 %. No me voy a mojar, pero estaríamos entre el 5 y el 8 %.

En parte también por las OPE pendientes, ¿no?

Efectivamente. Tenemos OPE de estabilización pendientes cuyo resultado todavía desconocemos. Pero es bastante probable que esa estabilización estabilice a muchos funcionarios que ya eran de carrera y que por lo tanto hacen promoción interna pero no reducen la temporalidad, porque el puesto que dejan al promocionar debe cubrirse con un interino. 

¿Cuántas plazas se ofrecerán por oposición pura y cuántas contabilizarán méritos? 

En esta OPE hay dos vías. Una la ordinaria, en la que estamos sometidos a una tasa de reposición del Estado, que debería eliminar ya. Esa mantiene lo que establece la ley: un 40 % de promoción interna y un 60 % de oposición libre. Esto sería modificable hasta un 50-50 % según la ley, estamos negociando todavía. Pero la tasa extraordinaria por su propia finalidad tiene que ser de oposición libre. Porque lo que necesitamos es personal de nuevo ingreso que reduzca la temporalidad, no hacer carrera profesional, que es otro ámbito que llevamos en paralelo.

¿Se debe caminar hacia oposiciones de concurso puro y eliminar los méritos?

No es que se deban eliminar, la carrera profesional es importante. Pero en un escenario distinto. En un escenario de reducción de la temporalidad por debajo del 8 %, podremos centrarnos en la carrera profesional de los empleados públicos que tenemos, pero este año, que es extraordinario, necesitamos acudir a una vía excepcional que es la de oposición libre. Es el régimen ordinario y preferente que establece la ley, y en estas circunstancias todavía más.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre interinos fue interpretada como una vía para que quien no logre plaza en las oposiciones de estabilización se convierta en fijo de manera automática. ¿Es así? ¿Han estudiado qué efectos tendría en la Comunitat Valenciana y a qué tipología de trabajadores afecta?

Se refiere solo a personal laboral, no a personal funcionario. Por tanto, tenemos que separar esos dos ámbitos. Respecto al personal laboral, en el ámbito de la función pública, prácticamente no tenemos. Hay solo unas cien plazas. E indefinidos no fijos, que es a lo que se refiere la sentencia, es residual. En cualquier caso, la sentencia dice que hacerlos fijos puede ser una medida, como podrían serlo otras cien. Lo que tiene que hacer el Gobierno central es estudiar qué medidas son suficientes para cumplir con el acuerdo marco, porque el TJUE no ha dicho que tengas que dar fijeza, sino que puede ser una medida. Pero es competencia del Estado.

El anterior gobierno tenía muchos planes en marcha para reformar la función pública, entre ellos la creación de la Escuela Valenciana de la Administración Pública (Evap), pero que sin embargo ha sido eliminada por Mazón. ¿Cree que hubiera sido una herramienta útil?

Nosotros mantenemos la importancia de la idea de la Evap, pero no era necesario un organismo autónomo. Era crear una estructura innecesaria que podemos asumir desde función pública. Pero lo que es la esencia de potenciar la formación de los funcionarios y potenciar un mejor acceso de las personas aspirantes es la clave de nuestras políticas. Queremos mejores procesos selectivos y mejor formación, y eso lo podemos hacer sin un organismo autónomo. Podemos mejorar la selección y formación de funcionarios sin un organismo autónomo.

¿Le gusta la idea de exámenes más prácticos y menos memorísticos?

Claro. Es esencial en nuestro modelo. Hemos hecho un proyecto piloto en el que evaluamos competencias, habilidades y capacidades de los aspirantes, quitando exámenes memorísticos y posteriormente, traído de la UE, el modelo EPSO, introducimos competencias y habilidades distintas a la memoria. Tenemos un convenio con Idocal por el que vienen psicólogos a evaluar cuáles son las capacidades y competencias de los aspirantes más allá de la memoria. Y por último, les hacemos unas prácticas de cuatro meses y un examen práctico que recoja todo lo que les hemos enseñado para acceder a la función pública.

El Botànic no llegó a aprobar el requisito lingüístico, aunque está recogido en la ley de función pública. ¿Prevén modificaciones en la norma? ¿Cuánto debe contar el valenciano para los trabajadores de la Generalitat según el actual Consell?

Excede de mi dirección general, no puedo contestar. Depende del Consell.

La plantilla de funcionarios tiene una edad media de en torno a 57 años. ¿Hacen falta planes de formación para adaptarlos a las nuevas tecnologías?

Ahí trabajamos en dos ejes. El primero, formar en digitalización a los funcionarios que tenemos, que de media tienen 57-59 años. Y sobre todo, necesitamos un cambio generacional que permita a través de una gestión planificada de vacantes, conseguir que el relevo generacional se produzca a la vez que formamos a los que ya tenemos. Son dos vías, no podemos atacar los problemas que tenemos pensando que con una cosa lo solucionamos todo. Necesitamos formar digitalmente a los funcionarios que ya tenemos e introducir nuevo personal, un recambio generacional que apoye todas esas competencias TIC. 

 

Lorente, en su despacho de la ciudad administrativa 9 d'octubre

Lorente, en su despacho de la ciudad administrativa 9 d'octubre /

Una de las primeras medidas del Consell fue proponer la reducción del régimen de compatibilidades de los altos cargos para poder impartir docencia. ¿Es partidario de que esta opción se extienda también a funcionarios?

Esa competencia es del Estado a través de la ley de incompatibilidades.

¿Pero sería partidario?

Sí, por qué no, pero siempre en la medida que sea compatible con el servicio público. Si yo soy capaz de demostrar que puedo compatibilizar otras actividades que aportan valor al servicio público, es decir, no irme al sector privado a hacer otras cosas. En la medida que esos otros puestos permiten engrandecer mi puesto en la administración pública, sería compatible.

¿Considera que los funcionarios están bien remunerados tras estas actualizaciones salariales?

A ver, los funcionarios están bien remunerados sobre todo si los comparamos con el sector privado. Que tanto el sector privado como el público podrían tener mejores remuneraciones, también. 

Siguiendo con las nóminas. El pasado mes se registraron fallos en el pago de las mensualidades a sustitutos de funcionarios de Igualdad y empleados públicos del Ivia. ¿Saben ya cuántos afectados hubo? ¿Han podido cobrar ya los atrasos? ¿Este mes ha habido problemas?

Eso no lo llevo yo, lo lleva Presupuestos. No tiene nada que ver con nosotros.

El Botànic dejó un decreto de jornada de 35 horas aprobado, aunque supeditado a la estabilidad presupuestaria. El Gobierno eliminó esta condición, por lo que habría vía libre. ¿Se plantean esta posibilidad?

Lo primero es que el decreto no marca 35 horas. El decreto del Botànic marca dos regímenes, de 36 y 38 horas, y dice que cuando haya sostenibilidad financiera pase a 36 y a 35. En ningún caso serían 35 directamente. Pero bueno, nosotros estamos negociando con los sindicatos para que siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, implantar las 35 horas. Pero queda mucho estudio por hacer sobre cómo afectaría a los servicios públicos. Estamos estudiando esa posibilidad, pero siempre sin mermar los servicios públicos y sin mermar el presupuesto limitado que tenemos.

¿Prevén algún estudio en ese sentido?

Sí.

¿Práctico, como el del ayuntamiento de València?

Nosotros queremos hacer un proyecto piloto de dinamización o impulso del servicio público que permita calibrar, a nivel del desempeño del puesto de trabajo, si se vería afectado por las 35 horas. Es decir, si afectaría a los servicios públicos. Y por otro lado, ver cuáles son las disponibilidades presupuestarias, en un marco como el que estamos de receso económico y con la deuda que ha dejado el Botànic, por cierto. Hay que ver si es posible implantar las 35 horas, porque afecta a dobles turnos...Hace falta un estudio muy amplio para ver si es posible. En cualquier caso, estamos en negociación con los sindicatos para, cuando tengamos los resultados, ver hasta dónde podemos llegar.

¿Qué valor le otorga al diálogo social?

Es clave para nosotros. Tenemos en cuenta en todas las decisiones la opinión de las organizaciones sindicales, por supuesto. Es importantísimo.

¿Cómo son las relaciones iniciales?

Yo creo que muy buenas. Creo que estamos todos muy contentos del diálogo que hemos establecido, de los acuerdos a los que estamos llegando y de la profesionalización con el que estamos llevando el diálogo social.

¿Qué planes tienen con el teletrabajo? Los sindicatos denuncian que solo se ha implementado en pequeñas áreas de la administración.

Con el teletrabajo ocurre que no podemos tener un control a día de hoy. No sabemos cómo se desempeñan los puestos de trabajo cuando se hace a distancia. Entonces, estamos estudiando la posibilidad de establecer medidas que nos permitan conocer cuál es el desempeño de esos puestos en modalidad de teletrabajo, para a partir de ahí llegar a acuerdos con los sindicatos. Pero estamos estudiando también qué consecuencias tiene para los servicios públicos. Todo esto se basa en planificar y gestionar bien los servicios públicos, esa es la clave de todo: la mejora de los servicios públicos. Si el teletrabajo los mejora, se implanta. Pero para eso tenemos que saber cómo se desempeñan esos puestos de trabajo con esa modalidad. Así que, cuando sepamos si es mejor ese desempeño y si mejora los servicios públicos, hablaremos de teletrabajo. La idea es probarlo. Cuando lo evaluemos, hablaremos con sindicatos, que lo negocie el Consell y tomar decisiones. Pero siempre queremos tomar decisiones de forma planificada.

 


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