Oltra: "En la Generalitat faltan manos, tanto de funcionarios como de altos cargos"

VALENCIA. La política valenciana de la última década no puede explicarse sin tener en cuenta la irrupción en Les Corts allá por el año 2007 de Compromís y, especialmente, de Mónica Oltra(Neuss, 1969). La abogada y diputada ha tejido en este tiempo una sólida reputación cimentada en un carácter vehemente y grandes intervenciones en la trona del hemiciclo. Habilidad, reflejos a prueba de bomba y una innegable capacidad para mostrarse impetuosa con sus rivales políticos más poderosos y sensible con las personas más débiles, le han concedido la atención de los medios de comunicación.

La portavoz y vicepresidenta del Consell, responsable además de Igualdad y Políticas Inclusivas, recibe aValencia Plaza en su despacho. La mayoría de cosas que dejó su predecesor, el popular José Císcar, siguen en su sitio, pero ella ha ido acumulando todo tipo de manualidades que le llegan de distintos talleres sociales, además de camisetas de distintas causas que le remiten muchas asociaciones.

Desenvuelta y didáctica, se entiende fácilmente por qué las televisiones nacionales se vienen interesando tanto por Oltra en los últimos años. Habla con pasión de los asuntos sociales, materia de gestión de su conselleria, sin dejar pasar la oportunidad, en cada explicación, de comparar su acción de gobierno con la del PP. Por otro lado, tampoco se esconde a la hora de defender la Función Pública y reclamar más personal: “En la Administración hacen falta manos: tanto de funcionarios como de altos cargos”, subraya, para desvelar que se encuentra estudiando posibles cambios internos en su departamento para “equilibrar el peso de trabajo”.

-En el reciente seminario del Consell en Torrevieja se presentaron 49 medidas repartidas por consellerías frente a las casi cien que difundieron en Morella. ¿Se han rebajado las expectativas o debemos esperar nuevas iniciativas?
-No, no. Se difundirá un documento con todas las medidas de Torrevieja, sólo que para hacerlo público se optó por destacar de cada área algunas medidas más llamativas pero hay otros compromisos para el semestre y se darán a conocer.

-No obstante, no se pudieron completar todos los compromisos de Morella. De los 14 proyectos de su conselleria se finalizaron ocho, mientras que cinco se encuentran en ejecución y uno de ellos pendiente. Esto es una tónica en todos los departamentos: ¿Hubo demasiada ambición y ahora han preferido regular un poco más? ¿Se ha analizado por qué cuesta tanto plasmar las iniciativas que tenían planificadas?
-Eso fue de lo primero que analizamos en Torrevieja. La Ley 1/2015, que yo la he bautizado "Ley para lo que me queda en el convento...",  se aprueba por el PPCV cuando las encuestas apuntan al cambio de gobierno y parece estar dirigida a imposibilitar una acción de gobierno eficaz. En esa ley se imponen medidas burocratizadoras que ralentizan cualquier toma de decisiones. Lo cierto es que en Morella, donde todavía no habíamos empezado a trabajar con nuestro presupuesto, no habíamos calculado todavía los efectos de esto: por ejemplo, y es una cuestión muy técnica, pero con esta ley no se pueden tramitar conjuntamente las bases y las órdenes, lo que implica que si tú tienes que tramitar primero la base y luego la orden de una subvención te vas a ocho meses de proceso como mínimo. Es un desastre.

-¿Y por qué no cambiaron esta ley?
-Posiblemente nos faltó picardía. Pero ya hemos pagado la novatada y el diagnóstico está claro: esta ley no añade filtros de seguridad, porque en esta comunidad se ha saqueado y robado a manos llenas, por lo que vamos a modificarla cuanto antes para mejorar la agilidad de la Administración. A esto hay que unir la situación de la Función Pública: tenemos una Administración raquitizada y saboteada, en 10 años nos quedamos con la mitad de los funcionarios por el problema con las tasas de reposición. Es el desmantelamiento de la Generalitat: así no se puede funcionar. Por ejemplo, para tramitar las ayudas de la dependencia tú necesitas dinero pero también necesitas funcionarios que tramiten los expedientes y ahí tenemos unas carencias de personal brutales. Aún así, el 90% de lo comprometido en Morella está finalizado o en ejecución.

-La que comenta fue la primera reunión de Torrevieja y de ahí salió también una propuesta interesante que pasó algo desapercibida, que consiste en un balance de recursos humanos de la Generalitat que debe servir para saber lo que hace falta y dónde dentro de la Administración. ¿Tienen previsiones de cuánto se pueden agilizar los trámites con este análisis?
-Sobre la experiencia lo que haremos será una tramitación anticipada en algunos casos. Esto es un recurso extraordinario pero que puede utilizarse  para determinadas cuestiones como los centros para personas con dependencia, ayudas a entidades que trabajan con colectivos vulnerables, ayudas a la vivienda...  dado que todo esto que tiene que ver con lo que atañe al Eje 1 del Pacto del Botánico, rescatar a las personas, se pueda empezar a tramitar cuanto antes.

-¿Y respecto al diagnóstico de la Función Pública?
-Por ejemplo, algunos datos, el porcentaje que tenemos por debajo de 30 años es ínfimo. Así que tenemos una plantilla reducida y además envejecida, lo que conlleva más bajas y más dificultades.

-Según explica, faltan manos de empleados públicos pero algunos de sus compañeros en el Consell aseguran que también hacen falta altos cargos. ¿Coincide?
-En mi conselleria, que lleva asuntos muy sensibles, yo tengo directores generales que no les da la vida y que gestionan una cantidad de presupuesto muy difícil de abarcar. Así que en eso coincido. Pero vivimos también en una época en el que la política ha sufrido un desprestigio importante y donde ha calado ese dogma neoliberal de adelgazar la Administración. Esto es letal porque significa no tener maestros, médicos o funcionarios suficientes. De todas formas, aunque aumentes direcciones generales si no tienes personal para dotarlas es una pescadilla que se muerde la cola. Yo necesitaría más direcciones generales: de hecho, hay alguna que tiene un peso excesivo como es la de Servicios Sociales y Personas en situación de dependencia. De hecho tengo en mente reorganizar un poco la estructura para equilibrar la carga de trabajo pero bueno, eso me lleva también a otro problema que es de dónde quito o cambio los funcionarios.

-Los partidos en la oposición suelen prometer reducir el número de altos cargos y luego dice que son necesarios en muchos casos. Ahora más o menos hay los mismos que tenía el PP...
-Se ha reducido en eventuales y sobre todo donde se ha hecho limpieza es en lo que eran los falsos asesores que entraban a través de asistencias técnicas, de contratos de autónomos... y en realidad hacían labores de asesoramiento político. Más que reducir altos cargos yo creo que siempre he hablado de transparencia. Es cierto que tampoco sabíamos cómo estaba exactamente la Función Pública: porque tú puedes suplir carencias si tienes una plantilla potente de funcionarios pero es que tampoco hay suficientes e incluso a veces tampoco hay especialización como por ejemplo en lo referente a fondos europeos.

-Ha presentado estos días el decreto-ley de la Renta Garantizada. Entre las promesas del Seminari de Torrevieja se encuentra la ley sobre esto, entendemos que se ha recurrido al decreto por agilizar. En cualquier caso, ¿en qué va a mejorar la vida de las personas esta iniciativa?
-Sí, primero el decreto y luego la ley. La nueva ley lo que pretende ser es el instrumento estrella y prácticamente único de lucha contra el empobrecimiento. La dispersión de recursos de las instituciones es muy grave: le complicas la vida a personas que no pueden emprender un proyecto vital si tienes que levantarte e ir primero a servicios sociales del Ayuntamiento, luego a Cáritas, después al Banco de Alimentos, más tarde a Cruz Roja... ¿cómo vas a normalizar tu vida o crear un proyecto con un periplo así? Eso te destruye psicológicamente porque te levantas cada día pensando qué van a comer tus hijos hoy y te acuestas pensando lo que van a comer mañana. Lo que planteamos con esta ley es que sea un instrumento integral: en vez de la ayuda a la vivienda, a la pobreza energética... preferimos centrar el presupuesto con un instrumento que cubra las necesidades de una familia sin pegar todos los bandazos del mundo. Así, estabilizada la situación económica y la persona puede tratar de centrarse en su proyecto de vida.

-Una especie de ventanilla única social...
-Sí, algo así... un recurso único social. No sé si lograremos ponerlo en marcha en 2017 porque es centralizar todos los recursos en uno y dotarlos de una cantidad que te permita llevar una vida digna. En cuanto al decreto-ley, que no me suele gustar aplicar si no está fundamentado, nosotros llegamos a la conselleria y nos encontramos con casi 14.000 expedientes de renta sin tramitar. Pero entonces hallamos, no sé si por negligencia, 5.500 expedientes ocultos: en total, más de 19.000 expedientes. Estamos hablando de gente que ya no tiene nada, ni subsidios, ni prestación de desempleo ni nada. Reforzamos algunos servicios territoriales, empezamos a inyectar dinero -en total 3,4 millones de euros- aunque no era nuestro presupuesto y agotamos así la partida. En nuestro proyecto de Presupuestos ampliamos un 35% la dotación de renta hasta los 39 millones y generamos la consideración de crédito ampliable, que esto es lo más importante porque cambia la concepción: el derecho está primero y el presupuesto se adapta al derecho. Aunque se agote el crédito se puede ampliar.  Gracias al decreto-ley consideramos los puestos de funcionarios que tramitan los expedientes de atención directa prioritarios: si se produce una baja se cubre inmediatamente como si fuera un profesor o un médico. Por otro lado, cuando tu solicitas la renta -según la ley de 2007- la solicitas en tu servicio social municipal y ahí se elabora un plan de inserción familiar. Hay ayuntamientos que tienen una lista tremenda para elaborar este plan: con el decreto decimos que si a los dos meses no hay plan de inserción debe tramitarse el expediente y que la gente cobre y la familia se pueda estabilizar, porque que te hagan un plan de inserción un año después cuando igual tu situación ha cambiado... tampoco tiene sentido. Es decir, limpiar la lista de espera porque el objetivo es que con la nueva ley entremos en limpio y pueda desplegar sus efectos porque si tienes un tapón no servirá de nada. Ahora mismo hemos tramitado el 20% de los expedientes hasta el momento.

-¿Cómo se compagina esto con las ayudas estatales? 
-Yo entiendo que el Estado debería transferir fondos a las comunidades autónomas para que atendiéramos estas cuestiones porque al final los planes de inserción los haces a través de los municipios, que es lo que está más cerca. No tiene demasiado sentido hacerlo desde el Estado. 

-En cualquier caso, le va a tocar pelear mucho ahora que se elaboran los Presupuestos para dotar esta iniciativa...
-Mucho. Pero no obstante exige subir la partida de renta pero también tienes otros recursos que puedes llevar a renta. Me refiero, que si centralizas las distintas ayudas en un único recurso a la familia le va a ir mejor y tú como administración le vas a dar un uso más eficiente a ese dinero, además de evitarte mucha burocracia.

-El PP les acusa de reducir la partida para las becas de comedor y transporte. Se ha pasado la tarea a Educación y todavía no se ha puesto en marcha. ¿Qué pasa?
-Se ha ralentizado un poco pero está a punto de salir. Tiene que ver también con lo que decía antes, las órdenes se eternizan pero en esta caso estará enseguida. De todas formas, los comedores están abiertos junio y septiembre, algo que no se hacía antes. Para nosotros era importante que lo asumiera Educación porque la lucha contra la pobreza tiene que ser transversal, no una cosa de nuestra conselleria. Es un objetivo de gobierno. Si por ejemplo hay que hacer accesible una playa es una cuestión de que Turismo debe pensar en ello. Todos nos responsabilizamos. Está bien que lo asuma Educación porque te evitas dos meses que tengamos los "comedores para los pobres" sino que en el mismo comedor donde comes todo el año también comes en junio y en septiembre, de manera que quitas un estigma. Nosotros nos encargamos de julio y agosto y ahí se ha ampliado hasta los 18 años y también se ha ampliado ayuntamientos de 90 a 119 y lo enmarcamos dentro de actividades para hacerlo más llevadero.

-También se han marcado en el Seminari de Torrevieja objetivos para las residencias. ¿Con qué problemas se enfrenta en este ejercicio? ¿Cree que puede lograr un incremento de las plazas públicas?
-Problemas muchos. Hemos empezado a cambiar la concepción de la situación de dependencia y cómo abordarla. El lema sería un poco: 'Frente a un modelo de dependencia, un modelo de autonomía'. Intentamos priorizar por ejemplo viviendas asistidas, buscamos también residencias con módulos pequeños... a ver, cuando tú comes con 200 personas eso no es normal. Estás institucionalizado. No es lo mismo que comer con 10 o 12 personas, que eso lo hace cualquier domingo una familia. Es una escala más humana y lo que queremos es que la gente se sienta lo máximo posible en un hogar. No obstante, el modelo del PP era el de grandes residencias y era preferente a otros que permiten más autonomía. Con las residencias nos hemos encontrado un modelo que queremos invertir y que estaba trucado, donde unas empresas tenían un trato privilegiado por parte del Consell. La sentencia nos cae en febrero de 2016 y señala que el contrato de la accesibilidad no está bien hecho. Nosotros hemos tratado de resolverlo concertando plazas públicas que estaban sin concertar. Resulta que se daba la fechoría de que teníamos plazas públicas sin cubrir y derivábamos a gente a la privada: esto significa que pagas dos veces, porque los gastos de la plaza libre pública los estás abonando y la privada también. Así que primero ocupamos todas las públicas, después concertamos plazas públicas con ayuntamientos. Se daba el caso de que había plazas libres en residencias municipales no estaban concertadas con la conselleria y se enviaban también a la privada. En conclusión, estamos tratando de no enviar a más gente a las plazas de accesibilidad. Paralelamente estamos trabajando en una solución global para el sector, porque obviamente hay menos plazas públicas de las que se necesitan y eso debes cubrirlo con las privadas pero eso debe hacerse en un marco en el que todas las empresas concurren en igualdad de condiciones y nadie va con las cartas marcadas.

-En 2018 vencen algunos contratos con las residencias, ¿se va a primar crear más plazas públicas en lugar de concertar?
-Hay proyectos de ayuntamientos de residencias públicas y estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, hemos reabierto edificios que llevaban años cerrados y se les está dando uso. En este ejercicio hemos incrementado 526 plazas en discapacidad por ejemplo. Pero bueno, todavía hay demanda sin cubrir. La idea es tener recursos públicos en la medida que se pueda pero también utilizar plazas privadas según las necesidades que haya pero como digo, cumpliendo la ley y concurriendo en igualdad.

-En cuanto a las ayudas a la dependencia, este año se ha hecho un esfuerzo importante. ¿Cómo es la hoja de ruta de su conselleria para los próximos presupuestos?
-Al igual que comentaba en la renta, en las ayudas a la dependencia también se aplica el criterio de crédito ampliable de manera que no se para la tramitación nunca, a diferencia de antes que cuando se acababa la partida quedaba detenida. Por eso mismo nos hemos encontrado con un tapón de 45.000 personas. Por ejemplo en Alicante, donde se ha puesto en marcha el nuevo modelo en primer lugar, pasamos de cinco valoradores a 100 más nueve coordinadores. Nuestro objetivo es ponernos al día en estos tres años de legislatura que quedan. Esto supone la tramitación de 22.500 expedientes al año. Hasta ahora hemos tramitado 15.000 pero es cierto que la última parte de 2015 tramitábamos sin nuestro presupuesto y sin la consideración de crédito ampliable con lo cual tuvimos que inyectar dinero. Calculamos 15.000 al año que procede del tapón más lo que te va entrando, que lo estimamos en 7.500 más al año. Esto exige alrededor de 1.800 expedientes al mes y de momento estamos en 1.200. Hemos tenido problemas: por ejemplo, un cambio en la plantilla porque teníamos una cesión ilegal de trabajadores y hemos tenido que hacer cambios. Se nos fueron 40 personas que tuvimos que cubrir con interinos pero claro, esto no fue inmediato y ha habido ciertos retrasos. Pero bueno, esperamos recuperar terreno a finales de este año. En cualquier caso, a finales de 2018 esto tiene que estar resuelto: las personas dependientes que están en el sistema ahora cobran a final de mes, antes lo hacían con tres meses de retraso. Se ha pagado toda la retroactividad, que es el tiempo entre que yo hago la solicitud y se resuelve. El PP contaba desde que llegaba la resolución. Luego, tras varias sentencias del Tribunal Superior que indicaban esto, empezaron a reconocer la retroactividad pero fraccionaron el pago. Ha sido maltrato tras maltrato: esto lo hemos resuelto y hemos pagado todo. Cuando alguien entra en el sistema ahora se le paga la retroactividad completa en la primera nómina.

-Estos días la Audiencia Provincial de Valencia ha hecho públicos datos de que se ha registrado una subida del 166% de casos de violencia machista en el primer semestre de 2016. Uno de los compromisos de Torrevieja de su departamento apunta a la creación de una red pública de atención social integral a las mujeres víctimas de esta violencia pero además la ampliación de recursos y centros. ¿No cree que sería hora de realizar una dotación presupuestaria potente para estas iniciativas para evidenciar que es prioridad absoluta de este Consell?
-Estamos en ello pero no creas que es un asunto meramente presupuestario. Hay recursos dispersos y a veces es cuestión de organizar mejor. El recurso de violencia de género debe ser una red integral que no puedes mezclarla con otras cosas. Nosotros hemos tenido en casas de protección a mujeres con problemas de salud mental, de exclusión social y de violencia de género. Eso no tiene sentido porque la intervención se tiene que hacer en cada caso de una manera y al final, con este desorden, el pronóstico es peor. Vamos a ampliar recursos, sí, aunque no sé si todo lo que haría falta. En cualquier caso, para la violencia de género hace falta un gran pacto de Estado porque hay muchos factores que tienen que ver con competencias que no son nuestras como la protección policial, el área judicial.. y a nosotros nos queda la parte asistencial. Si no hay un esfuerzo del Gobierno de España en este tema no podremos dar una respuesta como hace falta. Y nosotros estamos haciendo cosas, por ejemplo en campañas institucionales en la que nos dirigimos ya no a la víctima, sino al agresor: la campaña de 'No me toques el whatsapp' hecha para los jóvenes de 2º de la ESO llegamos al 35% de ellos, unas 18.000 personas. Es una manera diferente de no poner todo el peso a la víctima y presionarla. Hay que aumentar la responsabilidad comunitaria. Empezamos con este tipo de campaña relacionada con lo digital y las redes sociales porque las estructuras de dominación empiezan por cuestiones muy sutiles. "Dime dónde estás", "mándame una foto para que lo vea"... cosas que la gente con 15 años no identifica como un potencial esquema de dominación que puede acabar en un esquema de maltrato. Por eso hacemos hincapié en la prevención en edades tempranas, que aprendan a identificar que eso no es amor, es posesión... etc. Y para las mujeres que ya están en esa situación tratamos de ofrecer una red mucho más completa.

-Han sacado adelante la Ley Integral de Transexualidad. ¿Cree que la sociedad valenciana, donde el PP ganaba con mayoría absoluta hasta hace nada, está preparada para este tipo de iniciativas? ¿O precisamente piensa que se puede ir cambiando a la sociedad valenciana a través de estas medidas?
-Es interesante esto. Por ejemplo, antes de la aprobación de la ley que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio igualitario la hacíamos. Una ley a veces va por delante de la sociedad y a veces la sociedad va por delante de la ley. La ley del divorcio en España en el 81 fue una ley muy polémica: yo no sé qué habría pasado si se hubiera hecho un referéndum entonces. La ley fue por delante entonces y hoy nadie se cuestiona esto. Pero fijaos que con la ley de matrimonio del mismo sexo pasó un poco al revés: pienso que había una mayoría social que estaba abierta a ello. Yo creo que con la ley trans estamos más ahí: la gente entiende que si esta persona quiere vivir a como siente su género, ¿quién soy yo para decirle que no? Son leyes que no obligan a nadie pero generan derechos y opino que sí están asumidas por la mayoría de la sociedad. A mi no me obliga a nada pero hace feliz a otras personas. Pues dejemos que sean felices otras personas aunque sean distintos a mí o no piensen como yo. ¿O solo podemos ser felices los que seamos una mayoría?