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La falta de opositores desangra la AGE: 12 pruebas desiertas y plazas sin cubrir

Fecha: 07-06-2021

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Icetase ha conjurado para acabar en los próximos años con algunos de los graves problemas que padece la Administración General de Estado (AGE), desde el envejecimiento de la plantilla -que en un 50% se jubilará en la próxima década-, hasta la huida del talento y el problema para captarlo nuevamente con sistemas de selección anticuados, memorísticos y tediosos, pasando por una preocupante falta de personal en algunas áreas clave, lo que supone un freno a la hora de prestar servicios públicos de calidad.

Iceta se ha rodeado de una decena de expertos de todos los ámbitos de la Función Pública para diseñar el futuro de la Administración, que deberá enfrentarse a un éxodo masivo de funcionarios y que no ha encontrado la fórmula maestra para atraer a los más jóvenes. Los universitarios, sobre todo, son cada vez más reacios a realizar unas oposiciones con pruebas interminables, en las que no pueden demostrar sus actitudes, su capacidad de liderazgo o sus respuestas ante situaciones difíciles o de estrés, y que además suponen una pérdida muy valiosa de tiempo y dinero.

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La promoción interna vive un momento crítico y las convocatorias para Cuerpos Superiores no atraen aspirantes. La AGE perdió un 22% de efectivos desde 2010 y el 50% de los actuales se jubilará en 10 años.

El ministro y su equipo están tomando nota de los sistemas que ya están implantados en Europa para transformar radicalmente del modelo español, que se asume poco transparente y con sesgos de discriminación social, territorial y de género. La vía 'Fast Stream' británica, que cada año consigue captar más de 40.000 aspirantes en el Reino Unido con un método en el que las primeras pruebas se desarrollan en línea y comprenden cuestionarios orientados a evaluar el comportamiento y las reacciones ante determinadas situaciones, en el que las segundas tratan de detectar como los opositores trabajan en grupo y su capacidad de liderazgo y analítica, y que concluyen con un examen ante un tribunal, ya ha sido barajada para agilizar las pruebas de selección en España.

Puestos sin cubrir

La AGE arrastra un importante problema de falta de efectivos, consecuencia de las crisis económicas, los recortes, la falta de convocatorias y las limitaciones a las tasas de reposición. La pandemia del coronavirus ha complicado aún más la situación con una sobrecarga de trabajo debida al aluvión de ayudas, subsidios y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han tenido que gestionar organismos como el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Seguridad Social ya de por si saturados. Solamente en los últimos diez años la AGE ha perdido un 22% de su plantilla, según el ministerio.

Mientras, buena parte de la oferta de empleo público, sobre todo en los cuerpos superiores, no se cubre ni de lejos. La imagen de oposiciones convocadas en las autonomías, como la de docentes, que llegan a tener 45 candidatos para un puesto en algunas especialidades, es muy diferente a lo que se da en determinadas convocatorias para los grupos A1 y A2 en la AGE. El 90% de las plazas de ingreso al Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social quedan vacantes por la ausencia de aspirantes, un porcentaje que solo se reduce al 80% en el caso de los Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos de Sanidad y Consumo y al 66%, en el de los Facultativos de Sanidad Penitenciaria.

Sin embargo, todavía es más preocupante la situación de la promoción interna, donde prácticamente están afectados todos los grupos, aunque el peor diagnóstico se da en los subgrupos superiores. El informe elaborado por Función Pública destaca que este sistema, que implica ascender profesionalmente accediendo a un cuerpo o escala distinto, vive una situación crítica, que provoca problemas en el desempeño público en algunas áreas.

Diferente convocatorias han quedado incluso desiertas en los últimos años. Es el caso de las del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de 2017 y 2018; las del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y la de Subinspectores Laborales-Escala de Empleo y Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019; y las de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y las de Técnico de Auditoría y Contabilidad, ambas en 2017 y 2018. Mientras, otras como las de Técnicos Superiores de la Administración de la Seguridad Social, la de Ingenieros Aeronáuticos o la Ingenieros Agrónomos apenas han conseguido cubrir el 8,33%, el 10% y el 16,6%, de media, de las plazas convocadas en los últimos ejercicios.

Sin embargo, para el ministerio no está todo perdido y trabaja contrarreloj para limitar las pruebas de acceso a la Administración; agilizar los procesos; incentivar la promoción interna, "para romper con la idea de que entras en la Administración y te acabas jubilando en la misma plaza", según destacan en Función Pública; y dejar reducidos al mínimo los exámenes memorísticos, lo que recortaría de manera importante los años de estudio que dedican los opositores a prepararse y los gastos que implica inscribirse en una academia de formación.

El nuevo modelo de oposiciones prevé unificar las pruebas que sean compatibles o acumular la realización de más de un ejercicio en el día. Además, siempre habrá al menos una prueba que permita valorar las competencias de los aspirantes y el primer ejercicio en todas las oposiciones será un examen de corrección automatizada sobre conocimientos y habilidades, con el fin de reducir la duración del proceso selectivo.

Por último, se suprimirán las pruebas de carácter memorístico en los exámenes orales y se implementarán de forma masiva los test, los casos prácticos y las pruebas de análisis. También los exámenes de idiomas se eliminarán en las oposiciones, aunque se requerirá la certificación oficial europea del nivel correspondiente.


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