Más de una cuarta parte de los más de 3,25 millones de empleados públicos y funcionarios que hay en la actualidad –según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019– alcanzarán a lo largo de los próximos diez años la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años y diez meses, aunque en 2027 se retrasará a los 67 años. Cabe recordar, no obstante, que aquellos que tengan largas carreras de cotización podrán seguir retirándose a los 65. Concretamente, 925.200 trabajadores del sector público tienen en la actualidad más de 55 años, por lo que en teoría podrían jubilarse en 2030.
Si se mira más en el corto plazo, la cifra no deja de ser preocupante: más de 340.000 empleados del Estado abandonarán sus puestos en la Administración en los próximos cinco años. Y si se va un poco más lejos, pero no tanto, será prácticamente la mitad de la actual plantilla con que cuenta el Estado (el 44,5%) la que podría retirarse del mercado laboral en los próximos quince años, pues son cerca de 1,5 millones de funcionarios los que han cumplido ya la cincuentena, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la Administración Pública envejece a pasos agigantados, más incluso de lo que lo hace ya la población española en general. Por eso, una de las tareas pendientes que tiene el nuevo Gobierno en esta materia, una vez que ya se ha aprobado la subida del sueldo a los funcionarios, es buscar una solución a este fenómeno y materializar las históricas ofertas de empleo público que se han aprobado los dos últimos años pero de las que aún faltan decenas de miles de plazas por salir a concurso. Es más, en el acuerdo al que llegó el anterior Ejecutivo del PP con los sindicatos, se comprometieron a sacar a concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2020 para paliar los efectos de la crisis.
Desde los sindicatos piden acelerar estas vacantes e impulsar un plan integral de recursos humanos encaminado a crear nuevos empleos, rejuvenecer plantillas y eliminar desigualdades, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal para poder atender adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.
De hecho, más de 13.200 aspirantes se examinaron el pasado domingo 2 de febrero en Madrid de la oposición convocada para cubrir 900 plazas del cuerpo de ayudantes de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la administración penitenciaria. Esta es una de las numerosas ofertas de empleo público (OPE) que se han convocado para este año 2020 y que han sido publicadas por el BOE. Pero no es la única, ni mucho menos.
Sanidad, Educación, Correos, Instituciones Penitenciarias, policías locales, personal de Administración de la Generalitat... 2020 es un año récord, con 29.000 plazas anunciadas hasta el momento y con nnuevas convocatorias en marcha. Hay 15.385 en el caso de Sanidad entre plazas estatutarias, de especialidades y funcionariales y 3.575 para las oposiciones de Educación para profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial (Música, Artest Plásticas y Diseño o escuelas oficiales de idiomas). Y hay muchas más plazas de empleo público.
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