Las oposiciones para 6.624 plazas movilizarán a más de 125.000 personas

 

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que preside Gabriela Bravo, habla de «reclutamiento». Un término con reminiscencias bélicas que define bien el momento crítico en que se encuentra la Generalitat: con toda su maquinaria dirigida a frenar el avance de la pandemia por el coronavirus y la debacle económica y social que se avecina, pero con una plantilla marcada por la pérdida de efectivos y el alto nivel de temporalidad. De ahí, la relevancia de procesos selectivos (cerca de 300 convocatorias) que buscan rejuvenecer la plantilla, cubrir las vacantes que por jubilación se van produciendo y reducir la interinidad mediante procesos específicos de estabilidad. Es decir, oposiciones con facilidades para el personal que lleva años en plantilla de las conselleries, pero que no ha tenido oportunidad de convertirse en fijo.

 

Pero, pese a la urgencia de estas oposiciones, la acumulación de pruebas, que sigue el formato clásico de memorización de temarios y exámenes presenciales, supone un auténtico reto para el departamento de Justicia. Lo es por la gran movilización de personas que estos procesos llevan aparejados y porque, al menos en su arranque, coinciden con una situación de alarma sanitaria y con fuertes restricciones y limitaciones de aforo. De ahí la petición de algunos sindicatos de paralizar los procesos mientras la pandemia no esté bajo control. De hecho, hay dudas razonables de que el calendario se cumpla sin incidencias, ya que será la Conselleria de Sanidad la que tendrá que autorizar cada una de las pruebas.

Según datos facilitados por la Conselleria de Justicia, la previsión es que alrededor de 125.000 personas se presenten a algunas de estas 6.624 plazas, pues en estos momentos ya se han registrado más de 109.000 instancias. Un papeleo que reportará a las arcas de la conselleria más de 1,6 millones de euros. Una recaudación que no vendrá mal para atender toda la compleja intendencia que implican las oposiciones públicas masivas. Por lo pronto, sólo para composición de tribunales se movilizarán unos 2.500 funcionarias y funcionarios.

El contexto sanitario ha obligado, además, a la conselleria a elaborar protocolos específicos para estas oposiciones en tiempos de pandemia. De forma excecpional, se prevé crear dos exámenes, ya que aquellas personas opositoras que no puedan presentarse a la prueba por encontrarse en cuarentena por coronavirus, tendrán otra oportunidad. Esta excepción solo se hacía hasta ahora con las mujeres embarazadas.

Por otro lado, la conselleria ha contactado ya con las instituciones feriales para poder celebrar las pruebas más masivas (a las que concurran más de 2.000 personas), mientras que el resto de pruebas se celebrarán en aulas de las universidades. El área de función pública también está estudiando como agrupar pruebas para reducir aforos y desplazamientos. Si no hay cambios los primeros exámenes comenzarán el próximo mes de diciembre y la idea es finalizar las pruebas correspondientes a las ofertas de 2017,2018 y 2019 a finales de 2021. Para las de 2020, que acaban de aprobarse, habrá que esperar.

Las convocatorias, tanto las ordinarias como las de estabilidad, afectan a la administración general y especial y a todos los niveles funcionariales. El perfil que se busca es variado, aunque destacan los puestos relacionados con la atención sociosanitaria y la educación especial, así como plazas de gestión administrativa.