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Propuesta de OPE en el Ayuntamiento de Valencia

Fecha: 16-03-2016

PROPUESTA SINDICAL DE INCORPORACIÓN AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

INTRODUCCIÓN

La ausencia de una planificación en materia de gestión de los recursos humanos ha sido una constante en el Ayuntamiento de Valencia durante los últimos años. Esta falta de directriz política, junto a las restricciones y condicionamientos que las sucesivas leyes de presupuestos generales han ido imponiendo desde el año 2010, ha generado en la plantilla municipal toda una serie de anomalías de carácter estructural que están dificultando la prestación de servicios a la ciudadanía en términos de eficacia y de calidad. La alta tasa de temporalidad, el envejecimiento de la plantilla, la amortización de plazas y no cobertura de vacantes, la inexistencia de sistemas de carrera o la falta de movilidad son alguna de las disfunciones que requieren de una intervención inmediata y planificada. Es necesario que el Ayuntamiento diseñe una política de empleo público institucionalizada, sin improvisaciones y con metas a largo plazo, que satisfaga los intereses y necesidades de la Corporación para optimizar y racionalizar recursos con la mirada puesta en la ciudadanía pero contando a la vez con los trabajadores y trabajadoras. Todos estos cambios organizativos y de gestión necesarios en el Ayuntamiento deben ser el resultado de una reflexión estratégica y orientarse hacia la consecución de la eficiencia, la eficacia y la adecuación del gasto. Es por ello que conviene que se ejecuten a través de un plan de ordenación de recursos humanos (antes plan de empleo) pues éste tiene la virtualidad de ser un instrumento jurídico que permite conjugar técnicas de dirección con la legalidad vigente y, por tanto, diseñar un cierto marco de excepcionalidad.

ENCUADRE NORMATIVO

La planificación de los recursos humanos se regula en el artículo 69 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y tienen como objetivo “contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad”. Los planes de ordenación de recursos humanos pueden incluir, entre otras, las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. Por su parte, el artículo 45 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana establece que “La administración podrá aprobar planes para la ordenación de su personal. A tal fin, previo análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos, podrá adoptar algunas de las siguientes medidas: a) Modificación de los sistemas de organización del trabajo y/o de las estructuras de puestos de trabajo. b) Medidas de movilidad voluntaria, entre las cuales podrá figurar la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de los ámbitos que se determinen, así como de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el título VII de esta ley. c) Acciones formativas específicas. d) Medidas relacionadas con la selección de personal como: 1.º La suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito funcional. 2.º La convocatoria de procedimientos selectivos de promoción interna con carácter general o limitados a un determinado cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o ámbito funcional. 3.º La incorporación de nuevo personal a través de la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. e) Otras medidas que resulten adecuadas para la consecución de los objetivos del plan. Conviene también tener presente, en especial para la puesta en marcha del Plan de Consolidación, la Disposición Adicional Vigesimoprimera de la LMRFP, introducida por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, vigente tras el EBEP y que establece lo siguiente: “Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además de Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus especificidades, que podrán incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la presente Ley, así como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada”. No se opone a la vigencia del precepto lo dispuesto por la Disposición Final Cuarta, apartado 3º, del EBEP que dispone que: “Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”. Si bien es cierto que la Comunitat Valenciana ha dictado normas de adaptación al EBEP –la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, LOGFPV- el hecho de que su regulación no contradiga el precepto, sumado a las circunstancias de que la Administración General del Estado no haya promulgado su propia ley de adaptación al EBEP y por tanto continúe vigente en no pocos aspectos la LMRFP de 1984, sumado al cambio en el sistema de fuentes de la Función Pública Local operado tras la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que reestablece la primacía aplicativa de las normas estatales sobre las autonómicas (nuevo artículo 92.1 de la LBRL), todo ello permite concluir sin mayor dificultad la vigencia del precepto.

REFLEXIÓN: La solución de un problema como el de la precarización del empleo público en el Ayuntamiento debiera ir acompañada de una estrategia de solución que evite su reproducción futura. Ello es posible si la gestión del personal se fundamenta en un planteamiento de gestión que tome como referencia las herramientas que el legislador básico de 2007, el del Estatuto Básico del Empleado Público), le proporciona. 1. El primer objetivo debiera ser establecer un marco de ordenación de las necesidades de personal: fijar la plantilla-objetivo de los diversos servicios, que es el mandato del artículo 69 del EBEP, regulador del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) para un horizonte temporal dado, teniendo presentes los marcos presupuestarios y concretando posteriormente las mismas mediante la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo. 2. El PORH no agota las posibilidades de planificación. Este es, por así decir, un marco de programación ordinaria, mientras que la DA 21ª de la LMRFP, sería un marco habilitante para procesos de gestión globales de carácter extraordinario: planes de racionalización que conformarían soluciones para afrontar una consolidación de empleo temporal estructural, de regularización de situaciones laborales irregulares o planes de promoción interna extraordinaria, como consecuencia de la aprobación del plan de ordenación. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.- Debe tratarse de un verdadero intento de ordenar y racionalizar la gestión del personal municipal por lo que se acreditará mediante un estudio técnico, bien motivado, del mismo en el que se identifiquen claramente las necesidades. El plan lógicamente acabará afectando a la Plantilla de Plazas y que, tal y como recuerda la normativa local, las mismas deben responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia (art. 90.1, segundo párrafo, de la LBRL) lo que debe justificarse mediante los correspondientes “(…) antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.” (art. 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Esto es, la Memoria Técnica es imprescindible. 2.- Dicho Plan debe ser acordado -o al menos negociado de buena fe y de modo transparente conforme a los principios del art. 33.1 del EBEP- en el seno de la Mesa General de Negociación, que es la competente para ello. 3.- Como corresponde a cualquier pacto o acuerdo dimanante de los procesos de negociación colectiva municipal, para su validez y eficacia, los acuerdos (y los planes de ordenación o de racionalización en ellos contenidos) deberán ser aprobados de modo “expreso y formal” por el correspondiente órgano de gobierno de la Entidad (art. 38.3 del EBEP) en este caso, del Pleno, siendo posteriormente remitidos a la oficina pública correspondiente, que ordenará su publicación en el Boletín Oficial conforme al apartado 6º del citado artículo 38.

MEDIDAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN

Las medidas que se proponen en el marco del plan de empleo para alcanzar los objetivos necesarios y ordenar las políticas de recursos humanos son las siguientes: 1) PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO Con el fin de acabar con la temporalidad en el Ayuntamiento, se realizarán convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural. En este punto conviene distinguir dos situaciones recogidas en la normativa de aplicación por las que se podría participar en este proceso: El personal que ocupe de forma interina o temporalmente una plaza desde antes de 1 de enero de 2005 en los términos que establece la Disposición Transitoria 4ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El personal que permanece 5 años o más en situación de interinaje y que el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de junio de 2014 o el TSJ de la Comunidad Valenciana en la ST 803/2015, de 21 de diciembre, califican como internos de larga duración. Estas sentencias y otras muchas más que se están dictando en la actualidad se basan en la Directiva 1999/70/CE, normativa comunitaria de aplicación al Estado español. Además el Tribunal de Justicia Europeo ha señalado que esta Directiva y su Acuerdo Marco se aplican a las relaciones laborales de duración determinada celebradas por la Administración y demás entidades de derecho público. La ST del TSJ de la CV invoca la Directiva Comunitaria, es decir el Derecho Comunitario, pese a tener normativa estatal y autonómica en contra y en su fundamento 11º afirma que: “la figura del interino prevista en el artículo 10 del EBEP, ahora RD Legislativo 5/2015, para justificadas razones de necesidad y urgencia en supuestos tasados y de corta duración, se desnaturaliza por la Administración cuando bajo esta modalidad de empleo público se permanece 5 años o más, período que el TC consideró para calificarlos como interinos de larga duración…”. Esta desnaturalización de la interinidad es el resultado del sistemático incumplimiento de la legislación básica en materia de función pública, pues el EBEP establece claramente obligaciones respecto de la OEP y de los plazos para su ejecución. Así, el artículo 10.4 establece la obligación de incluir las plazas desempeñadas por interinos en la oferta del mismo año en que son nombrados “y si no fuera posible, en el siguiente, salvo que se decida su amortización. Y en el mismo sentido, el artículo 70.1 impone un “plazo improrrogable de tres años “para la ejecución de dicha oferta. El incumplimiento de esta legislación básica en materia de función pública, con justificación en el cumplimiento de la normativa presupuestaria, ha privado al personal interino de la oportunidad de consolidar sus plazas según el procedimiento legalmente previsto ad hoc. Por tanto esta situación de temporalidad estructural no es achacable a este gobierno -ni tan siquiera al anterior-, por lo que debe ser solucionada desde un punto de vista global y organizativo, en el marco de un plan de racionalización, acompañada de una planificación y de la puesta en marcha de otras medidas de empleo para tratar de que no se reproduzca en el futuro. Es por ello que, con carácter extraordinario y por una única vez, se realizarán convocatorias de consolidación de empleo temporal de los puestos o plazas que estén ocupadas de forma interina con más de 5 años de antigüedad, con las reglas fijadas en por la doctrina constitucional y recogidas en el EBEP: • Los procesos selectivos, necesariamente abiertos, deben ir precedidos de la correspondiente inclusión de la vacante en la Oferta de Empleo Público y las bases de la convocatoria deben ser diseñadas de modo tal que otorgue un peso a los servicios prestados que entren dentro del margen que la jurisprudencia constitucional entiende como tolerable (proporcionados), teniendo además presente que no puede ser el único factor de valoración en el concurso. • Se consolidan vacantes organizativas estructurales y permanentes encauzadas irregularmente como relaciones de carácter temporal. Es decir, se consolidan las plazas que la realidad ha evidenciado como necesarias para la prestación del servicio público. • La correspondiente convocatoria puede perfectamente, sin obviar el ejercicio teórico, dar más relevancia cuantitativa a la prueba práctica. El proceso de consolidación se inicia con la determinación de las plazas afectadas, período de tiempo, etc. Deberían negociarse unas bases generales de consolidación para después proceder conforme al sistema habitual, es decir su inclusión en la correspondiente Oferta de Empleo Público (OEP) y convocatoria posterior con sus bases reguladoras específicas. Como las plazas incursas en procesos de consolidación “computan” a efectos de OEP es más necesario que nunca un trabajo conjunto de reflexión acerca de las prioridades en el reclutamiento, ya que las actuales leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado son fuertemente restrictivas al contar con la figura de la “Tasa de Reposición de Efectivos” y su porcentaje respectivo, como límite cuantitativo de ampliación y por tanto, de consolidación, de las plantillas. Es conveniente no perder ninguna OEP, tener presente el límite de tres años en su ejecución (art. 70.2 del EBEP) y, con planificación, estimar las bajas vegetativas de los próximos años, ya que las mismas conformarán el máximo de las respectivas Ofertas. De ahí la conveniencia de actuar de modo global. 

2) SELECCIÓN DE PERSONAL. APROBACIÓN DE LAS OEPS

En base a las necesidades de personal detectadas en el diagnóstico, se procederá a la selección de personal a través de la Oferta de Empleo Público. Por ello será importante priorizar estas necesidades de incorporación teniendo en consideración los límites establecidos por la tasa de reposición de efectivos y previendo las bajas vegetativas anuales para poder planificar las OPEs en el tiempo. Así se realizarán: - Convocatorias de consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso oposición, en primer lugar y de forma independiente. - Procesos de promoción interna por el sistema de concurso oposición, teniendo en cuenta que las plazas reservadas a promoción interna no computan a la tasa de reposición. - Procesos selectivos por el turno libre mediante el sistema de concursooposición. Las convocatorias de promoción interna y del turno libre se realizarán separadamente.

3) MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Como consecuencia de la aplicación de las medidas del Plan se modificará la relación de puestos de trabajo. Además se procederá a la revisión y actualización de las funciones de determinados puestos de trabajo.

4) MOVILIDAD

Se llevarán a cabo procesos de movilidad voluntaria, es decir de provisión de puestos en todas las categorías profesionales, con carácter previo a la ejecución de las respectivas convocatorias de los procesos selectivos.

5) CARRERA PROFESIONAL

También en el marco de una estrategia organizativa, el Ayuntamiento debe apostar por la implantación de un modelo de carrera profesional horizontal que conjugue la antigüedad, la formación y la evaluación del desempeño para la progresión de grados en el sistema. Hay que enfocar el modelo de carrera horizontal como un verdadero instrumento para la mejor gestión de los recursos humanos en aras a una mejora del rendimiento y a la consecución de los objetivos. La puesta en marcha de un sistema de carrera profesional horizontal puede conllevar una modificación de la estructura retributiva actual.

6) JUBILACIÓN

Con el fin de rejuvenecer las plantillas y de ofrecer posibilidades de acceso al empleo público a la ciudadanía, el Ayuntamiento deberá de tomar medidas en el ámbito de la jubilación. Entre otras: Se incentivará la jubilación de los trabajadores y trabajadoras, de forma anticipada, en todos aquellos colectivos que tengan la posibilidad de acogerse al anticipo de la edad de jubilación, a los efectos de rejuvenecer la plantilla.

7) FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL

En los términos legalmente establecidos, se realizará un proceso de funcionarización para el personal laboral que en la actualidad ocupe plazas que la legislación cataloga de naturaleza funcionarial.

 


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